Violencia Sociopolítica
Se entiende por violencia política aquella generada por propósitos o reacciones ideológicas, las cuales se asocian con la transformación o reproducción de las relaciones de poder en una sociedad concreta. Sus manifestaciones incluyen una amplia gama, que va desde ciertas reacciones colectivas, relativamente espontáneas, a formas institucionalizadas e incluso estructurales (como el terrorismo de Estado).
De acuerdo con Francisco Javier Grossi existen tres formas de violencia política: la violencia de Estado (la ejercida por el mismo Estado sobre ciudadanos), la violencia insurgente (la llevada a cabo por los ciudadanos contra el Estado, siempre a través de grupos organizados) y la guerra civil (la efectuada por unos ciudadanos contra otros, en un proceso de enfrentamiento civil por un modelo de Estado).
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En el primer extremo, la violencia será una dimensión más o menos intensa, inherente al conflicto y cuyas motivaciones, necesariamente, se convertirán en una materia de disenso ideológico. Sus posibles vínculos con ideologías de fondo étnico o religioso, que contienen o suscitan predisposiciones de hostilidad unilateral o recíproca entre determinadas colectividades, es siempre un asunto complejo en el cual las apariencias pueden engañar.
En el segundo extremo, que nos interesa más en este momento, el potencial social de confrontación política será bajo; pero, la sociedad tendrá una capacidad menor para oponerse a la violencia: el no compromiso la pondrá en una situación de pasividad o indefensión ante ella.
Elementos constitutivos:
- Los propósitos que intervienen en ella y orientan su decurso, los cuales recorrerán una amplia gama de posibilidades, desde la toma del poder gubernamental hasta la presión ejercida sobre las decisiones ciudadanas en el marco de los procesos electorales.
- Estos propósitos no pueden ser constatados mediante apreciaciones apresuradas. Por ejemplo, una de las más graves e inhumanas manifestaciones de la violencia-la tortura. muchas veces es utilizada con la finalidad de humillar y destruir moralmente y no con "fines útiles" para el opresor, como sería la obtención de información.
- Los actores sociales involucrados y las características particulares de los correspondientes conflictos.
- Las tácticas empleadas: represión (sometimiento o eliminación, abusos de autoridad), manipulación ideológica, terrorismo, etcétera.
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Es común observar en los medios de comunicación, una gran variedad de noticias referentes a robos, tráfico de drogas, homicidios y otras formas de violencia que hace sentir insegura a la ciudadanía, al mismo tiempo que evidencian cómo estamos siendo azotados/as por una gran “ola de delincuencia” que atenta contra los “valores” y las “buenas costumbres” familiares, convirtiendo a la delincuencia en uno los principales problemas de la sociedad actual. Sin embargo, este manejo realizado por los medios de comunicación y por la sociedad en general, se convierte en un mecanismo de control social que perpetúa una idea distorsionada de cuáles son las causas reales de la delincuencia y del aumento de la violencia en nuestra sociedad, ya que tiende a enfatizar que la pobreza es la causa directa de los delitos.
La violencia tiene un carácter histórico-social que la describe, de allí la importancia de entenderla dentro de un contexto sociocultural en específico. Dicha apreciación es reforzada por Sebastian, Oettler y Peetz, los cuales opinan que “hay que interpretar a la violencia y delincuencia como construcciones sociales y no como fenómenos objetivamente existentes” (2007:79).
EL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA Y SU VÍNCULO CON LA EXCLUSIÓN Y LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL
Es necesario describir a grandes rasgos el fenómeno de la violencia social y estructural desde sus orígenes, es decir, aquellos sistemas ideológicos, políticos y económicos que a lo largo de la historia han establecido regímenes socioculturales caracterizados por la desigualdad y exclusión, los cuales aún imperan en la actualidad.
Para Martín Baró (2000), la violencia estructural alude al ejercicio de la desigualdad opresiva, legitimada socialmente, que genera un efecto nocivo en la ciudadanía y promueve el establecimiento de una espiral de violencia. De acuerdo con esta premisa, la estratificación social podría considerarse entonces un mecanismo para el mantenimiento de un orden social, producto y reflejo del dominio de una clase social sobre otra, así como, una clara manifestación de la violencia presente en el mismo ordenamiento social.
Por tales razones, la pobreza y la violencia se han convertido en ejes principales dentro de las agendas públicas de los países latinoamericanos, siendo dos manifestaciones distintas de un mismo proceso de vulnerabilidad acaecido alrededor del mundo.
3- https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/3863/3736
… la violencia estructural no se reduce a una inadecuada distribución de los recursos disponibles que impide la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías; la violencia estructural supone además un ordenamiento de esa desigualdad opresiva, mediante una legislación que ampara mecanismos de distribución social de la riqueza y establece una fuerza coactiva para hacerlos respetar (Martín Baró, 2000: 406).
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Los únicos/as responsables de cometer actos delictivos serían las mismas personas que los ejercen, de manera que si se “repara” su disfuncionalidad particular e individual, la delincuencia desaparecería (Claramunt, 2004). Esto además de constituir una visión reduccionista y fragmentada de la realidad, aleja a las personas que delinquen de nuevas oportunidades y acceso a los servicios sociales, pues incrementa el estigma de que son personas “locas”, “pobres”, “vagabundas” y “problemáticas” que lo que únicamente necesitan es “cura” o aislamiento, sin que el Estado asuma su cuota de responsabilidad al respecto.
Empero, esta sobrevaloración del mercado, de la tecnología y del consumo ha causado grandes transformaciones en las estructuras sociales, las cuales han originado que las y los ciudadanos cambien la manera de ver su propia identidad y de vivir su ciudadanía. Adamson considera que “este momento histórico se caracteriza por una velocidad y magnitud de los cambios tecnológicos, de sentido de normatividades, de reglas de juego que produce una vivencia de torbellino como percepción del contexto y de desamparo como condición subjetiva” (1997: 41).
SOBRE EL DERECHO PENAL Y LA PRISIÓN
Según el jurista español J. M. Sánchez (1999), "...la violencia está lejos de ser un elemento típico en el DP, con una interpretación consensuada y pacífica". Es más bien, arguye, un "concepto comodín" que "...sacrifica su significado en el lenguaje común para adaptarlo a las necesidades interpretativas político criminales de cada delito violento.
Aunque este no es el punto central del citado argumento, puede servir de trampolín para dar un salto en sentido inverso: sin perjuicio de que el DP contradiga de pronto los significados sobre la violencia social depositados en el habla corriente, es más poderosa y determinante su influencia en la formación de sus acepciones en el imaginario social, inclusive las ideas acerca de la punibilidad de diversos actos.
Por cierto, esta influencia puede suscitar reacciones contestarias entre otras, las que le atribuyen al sistema penal omisiones en cuanto a reconocer y castigar ciertos actos o, en un terreno muy vecino, le reprochan su papel en la reproducción y fortalecimiento de discriminaciones (desde la perspectiva de la violencia de géneros, esto ha sido particularmente notorio).
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El sistema jurídico-penal establecerá cuáles son las grandes y pequeñas prácticas de apropiación violenta. y decidirá acerca de su jerarquía de gravedad. Al mismo tiempo, cuanto más contrastes sean los medios para alcanzar logros de apropiación constantemente reforzados, más se confirmará lo que tantas veces se ha dicho sobre los delitos contra la propiedad: son actos ilícitos orientados a la consecución de fines lícitos y constantemente reforzados.
Acerca del Impacto del Derecho Penal en el Decurso Histórico de la Violencia Social
Para quienes abogan por un sistema penal endurecido y despojado de lo que consideran alardes garantistas, el problema se empequeñece de inmediato. Comienzan por identificar violencia y delito, dado que cualquier interpretación más amplia de la primera les traería incómodas complicaciones. Y desde allí apelan al poder disuasivo de las penas o, como a poco andar se topan con fundadas dudas al respecto, proclaman la convivencia de segregar socialmente a los desviados, y se aseguran de que estos permanezcan en la cárcel.
En primer término, se afirma con toda razón que el sistema penal actúa sobre hechos consumados, es decir, en un momento cuando lo único que cabe es juzgar y decidir. A lo cual se agrega que las "causas de delito" son complejas y arrancan desde la desigualdad social y de una serie de problemas que no se puede abordar, y menos resolver, desde el poder judicial.
El sistema penal necesita, en este sentido, el aporte de diversas disciplinas. Pero, su cercanía o directa vinculación con los problemas abordados le permite convertirse por sí mismo en una instancia productora de conocimientos, los cuales no solamente serán esenciales para la mejor administración de la justicia sino también para el diseño de planes preventivos ante la violencia social y para la formación académica.
5- https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/view/12435
La Prisión y los "Modelos de Tratamiento"
La prisión no se origina directamente como una herramienta del poder punitivo encarnado en el derecho penal.
Varios pensadores, entre ellos y en un puesto de liderazgo Michel Foucault, han insistido en que la función punitiva de la prisión es hija de la ilustración. La poderosa transformación ideológica que esta trajo consigo, albergó la construcción simbólica y práctica de la libertad como derecho y la capacidad política para suspenderlo. Es decir creó las condiciones simbólicas necesarias para que la pérdida de la libertad funcionara como castigo.
Pueden distinguirse dos modelos de resocialización: uno máximo, "para la moralidad" y otro mínimo "para la legalidad".
En el primer modelo, el objetivo del encierro carcelario es que el individuo interiorice y haga suyos los criterios valorativos dominantes en la sociedad en que ha de integrarse, pues la "regeneración moral" es la única vía de retorno a la sociedad sin riesgo de comisión de futuros delitos. La crítica fundamental que se les opone se basa en el convencimiento de que la imposición de creencias y convicciones, orientada a la aceptación acrítica del sistema vigente, es intolerable en regímenes políticos democráticos, pluralistas y respetuosos de la libertad de pensamiento del ser humano.
En el segundo modelo, la ejecución de la pena privativa de la libertad, en un Estado de derecho, debe orientarse sólo a lograr que el delincuente adecue su comportamiento externo al marco de la ley. En este caso, la crítica se basa en que la mera adecuación del comportamiento externo a la legalidad formal no implica verdadera resocialización. Asimismo, se sostiene que este enfoque soslaya el hecho de que el derecho penal tiene una cierta función pedagógica respecto de los valores protegidos, cuyo respeto es parte de la normalidad social.
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Referencias Bibliográficas:
Campos Santelices, A. (2022). Violencia Social. San
José, Costa Rica: EUNED.
Castillo Vargas, A., & Castro
Chaves , X. (S.f.). EL ROSTRO DE LA VIOLENCIA SOCIAL Y ESTRUCTURAL: LA
DELINCUENCIA Y LA POBREZA COMO EXPRESIONES DISTINTAS DE UNA VULNERABILIDAD.
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